Normacef
| LEGISLACION | | | | NCL012767 REAL DECRETO 327/2021, de 11 de mayo | | por el que se modifica el Real Decreto 181/2008, de 8 de febrero, de ordenación del diario oficial «Boletín Oficial del Estado», para adaptarlo al Tablón Edictal Judicial Único. (BOE de 12 de mayo de 2021) | | | | NCL012766 REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/763, de 23 de abril | | DE LA COMISIÓN, por el que se establecen normas técnicas de ejecución para la aplicación del Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo y de la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la presentación con fines de supervisión y la divulgación pública de información sobre el requisito mínimo de fondos propios y pasivos admisibles. (DOUE L 168, de 12 de mayo de 2021) | | | | NCL012763 REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2021/731, de 26 de enero | | DE LA COMISIÓN, por el que se completa el Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas de procedimiento relativas a las sanciones impuestas por la Autoridad Europea de Valores y Mercados a las entidades de contrapartida central de terceros países o a los terceros vinculados. (DOUE L 158, de 6 de mayo de 2021) | | | | JURISPRUDENCIA | | | | NCJ065495 TRIBUNAL SUPREMO Sentencia 204/2021 de 15 de abril de 2021 | | SUMARIO:Responsabilidad civil extracontractual. Daños por filtraciones de vivienda. Arrendatario. Propietario. Personas obligadas a indemnizar.Los daños por agua desde vivienda arrendada, no puede imputarse responsabilidad al propietario de vivienda arrendada cuando el inquilino no ha advertido de la existencia de deficiencias en el inmueble, descartando la aplicación del art. 1.907 del C. Civil, al no estar previsto para los supuestos de daños por inundación.La responsabilidad de índole predominante subjetiva que proclama el art. 1.907 del Código Civil, viene lógicamente referida al supuesto de que se produzca la ruina de un edificio (entendió este término en sentido amplio, comprensivo de cualquier género de construcción) única y exclusivamente como consecuencia de la falta de las reparaciones necesarias por parte de su propietario.Por otro lado el art. 1.910 del C. Civil (supuesto de «responsabilidad objetiva o por riesgo») imputa la responsabilidad al que habite la casa o parte de ella, y es un hecho probado que el propietario no la habitaba dado que estaba arrendada, estando también probado que nadie avisó a la propiedad de la existencia de una posible rotura por fuga, ni de la necesidad de reparaciones. También consta que los arrendatarios tampoco eran conscientes de la necesidad de reparaciones, por lo que lógicamente ningún aviso efectuaron a la propietaria. Se ha atribuido un significado extenso a la palabra «cosas» empleada en el art. 1.910 CC, que permite incluir cualquier objeto físico que proceda de una edificación o construcción y cause el daño, es decir, las expresiones «se arrojasen o cayesen» no constituyen numerus clausus, razón por la cual pueden ser objeto de interpretación extensiva, que hemos de adaptar a la realidad social en que han de interpretarse las normas conforme al art. 3.1 CC, incluyéndose supuestos asimilables que, originados dentro del límite ambiental en él determinado, puedan causar daño o perjuicio tanto a otros convecinos, copropietarios, etc., como son estos supuestos de filtraciones de agua.El art. 1.910 CC del CC establece una responsabilidad directa y objetiva del «cabeza de familia» que habite una casa o parte de ella, por las cosas que se arrojen o caigan desde la misma. La responsabilidad civil extracontractual la imputa el art. 1.910 CC al sujeto en quien concurra la condición de «cabeza de familia». La jurisprudencia ha precisado que se trata del sujeto o persona que la habita la casa o parte de ella, «por cualquier título como personaje principal de la misma, en unión de las personas que con él conviven, formando un grupo familiar o de otra índole». El cabeza de familia seguirá ostentando esta cualidad a pesar de no encontrarse en el inmueble cuando se produce el daño. Finalmente debe señalarse que cabeza de familia pueden ser tanto personas físicas como entidades o personas jurídicas.Cuando se trata de un inmueble de uso no residencial, sedes de empresas, locales comerciales, inmuebles en los que se ejercen profesiones liberales, etc., y existen relaciones de subordinación, el «cabeza de familia» será el titular de dicho negocio o empresa, con independencia de su condición de persona física o jurídica. Se casa en parte la sentencia recurrida, en tanto no procede la condena de la propietaria de la vivienda arrendada (de la que procedía el agua que generó la inundación) y que, por tanto no la habitaba (art. 1910 del C. Civil). Igualmente no fue advertida la propiedad de necesidad del mantenimiento de la vivienda. | | | | NCJ065491 TRIBUNAL SUPREMO Sentencia 220/2021 de 20 de abril de 2021 | | SUMARIO:Derecho a la propia imagen. Indemnización: criterios para su determinación. La actora no autorizo? la difusio?n de su imagen, sino que e?sta fue apropiada de plataformas digitales. El titular del derecho fundamental debe autorizar el concreto acto de utilizacio?n de su imagen y los fines para los que la otorga. El consentimiento prestado, por ejemplo, para la captacio?n de la imagen no se extiende a otros actos posteriores, como por ejemplo su publicacio?n o difusio?n. De la misma manera debe entenderse que la autorización de una concreta publicacio?n no se extiende a otras, ya tengan la misma o diversa finalidad que la primigenia. Tampoco el permiso de uso otorgado a una persona determinada se extiende a otros posibles destinatarios. En definitiva, hay que entender que no puede reputarse como consentimiento indefinido y vinculante aquel que se presto? inicialmente para una ocasión o con una finalidad determinada. Las circunstancias, que deben ser ponderadas y que no fueron valoradas por la sentencia recurrida, que utilizo? un criterio derogado para valorar el dan?o y otro carente de significación juri?dica. | | | | NCJ065490 TRIBUNAL DE CONFLICTOS DE JURISDICCIÓN Sentencia 1/2021 de 24 de marzo de 2021 | | SUMARIO:Concurso voluntario de una concesionaria de dominio público portuario para la construcción y reparación naval. Inclusión de la concesión en el plan de liquidación. Competencia de la Administración para declarar la extinción de la concesión demanial. El conflicto positivo de jurisdicción se plantea entre la Delegación del Gobierno y el Juzgado de lo Mercantil, al rechazar este el requerimiento de inhibición que formalizó aquella en el concurso ordinario seguido respecto a una mercantil, a fin de proseguir las actuaciones sobre la extinción de una concesión demanial en un puerto, otorgada a favor de la concursada. Considera la Administración que las actuaciones del Juzgado, dirigidas a enajenar la concesión como elemento integrante de la unidad productiva de la mercantil concursada, menoscaban las de la Autoridad Portuaria para proseguir y resolver el procedimiento por ella incoado respecto a la extinción de la concesión.En cuanto al fondo, el conflicto debe ser estimado y procede declarar que la jurisdicción competente sobre la concesión demanial y su eventual extinción corresponde a la Administración que ha suscitado el conflicto, ya que la actuación del Juzgado de lo Mercantil invade las potestades de la Autoridad Portuaria sobre gestión del dominio público portuario, así como su competencia para constatar y declarar la extinción ex lege de la concesión demanial en su día otorgada.Todo ello resulta del régimen jurídico de la concesión de dominio público a que se refiere el conflicto, que se rige por la legislación de puertos del Estado y no por la normativa de contratos del sector público. Conforme a esta normativa, las concesiones sobre bienes de dominio público se han de regular por su legislación específica, salvo en los casos en que se declaren expresamente de aplicación las prescripciones de tales leyes. Ahora bien, esa legislación específica no es la legislación concursal. La ley especial aplicable al dominio público portuario en la fecha de otorgamiento de la concesión demanial a que se refiere el conflicto jurisdiccional, estaba constituida por la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante y la Ley de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general, ambas derogadas por el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante en 2011. Con arreglo a dicha legislación, corresponde a la autoridad portuaria la gestión del dominio público portuario y, entre otras facultades, compete a la autoridad portuaria otorgar las concesiones del dominio público portuario, así como declarar, mediante el correspondiente procedimiento, no sólo la caducidad de la concesión, sino también su extinción, que se produce ex lege en el caso de disolución o extinción de la personalidad jurídica de la sociedad titular de la concesión demanial, salvo en los supuestos de fusión o escisión. Se trata de una competencia que no es desplazada, en caso de concurso de la concesionaria, por la previsión del art. 146 bis.2 de la Ley Concursal, actual art. 222 del Texto Refundido de la Ley Concursal, y no existe ningún elemento de interpretación gramatical, funcional o teleológica que permita sostener lo contrario.La naturaleza jurídica de la concesión no puede asimilarse a las licencias y autorizaciones administrativas a que se refiere el mencionado art. 146 bis.2, pues el grado de afectación del dominio público es, sin duda, más intenso en las concesiones demaniales, al otorgar al concesionario una posición jurídica reforzada, que le confiere el derecho de uso exclusivo y temporal de una porción del dominio público por un periodo de tiempo dilatado. Tampoco existe en la norma de la ley concursal ningún elemento funcional que permita sostener que sea su propósito incidir en el régimen jurídico propio de las concesiones demaniales, en particular, en las causas por las que se produce su extinción. Finalmente, desde una perspectiva funcional también se aprecia la ausencia de conexión entre las competencias de la jurisdicción del concurso de acreedores y la de gestión del dominio público. | | | | NCJ065489 TRIBUNAL DE CONFLICTOS DE JURISDICCIÓN Sentencia 2/2020 de 23 de septiembre de 2020 | | SUMARIO:Conflicto de jurisdicción negativo. Juzgado de Primera Instancia que se declara incompetente para conocer de un expediente de liberación de cargas y gravámenes en favor del Registro de la Propiedad tras la Ley de Jurisdicción Voluntaria y la Ley 13/2015.Los promotores del conflicto no realizaron requerimientos de competencia sucesivos a los órganos implicados, judicial y administrativo, sino que se siguieron tramitaciones simultáneas ante ellos que concluyeron en dos decisiones contrarias a sus intereses: el Registro de la Propiedad decidió sobre el fondo de la cuestión calificando negativamente la solicitud; y el Juzgado de Primera Instancia rechazó su propia competencia para conocer del expediente de jurisdicción voluntaria promovido ante él. No concurre, pues, el necesario presupuesto de todo conflicto de jurisdicción: el registrador de la propiedad no rechazó su propia competencia, sino que, aceptándola, en el ejercicio de sus funciones, rechazó, en cuanto al fondo, la pretensión articulada ante él. La función del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción se circunscribe, exclusivamente, a declarar a cuál de los órganos –administrativo o judicial– corresponde la jurisdicción controvertida. En este caso no existe controversia, ya que tanto el Registro de la Propiedad como el Juzgado de Primera Instancia consideran que el órgano competente para conocer del expediente de liberación de cargas promovido es el Registro de la Propiedad. | | | | DOCTRINA | | | | NCR010567 CIRCULAR 1/2021 , de 8 de abril de la Fiscalía General del Estado, sobre los plazos de la investigación judicial del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. ( BOE de 21 de abril de 2021 ) | |
| | |
|
|
