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| JURISPRUDENCIA | | | | NCJ065733 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Sentencia 158/2021 de 16 de septiembre de 2021 | | SUMARIO:Ingreso mínimo vital (IMV). Competencias sobre asistencia social y Seguridad Social: constitucionalidad de los preceptos legales que atribuyen al Estado la gestión del ingreso mínimo vital. Competencias ejecutivas de la Generalitat de Cataluña sobre Seguridad Social y asistencia social. Instauración de un mecanismo de garantía de ingresos de ámbito nacional que, superando las desigualdades derivadas de las diferentes políticas de rentas mínimas autonómicas, afronta el riesgo general de la pobreza de forma homogénea en todo el Estado por medio de una red de protección mínima y común de ingresos garantizados por la Seguridad Social. Regulación jurídica de una prestación que se incardina en el bloque material relativo a la Seguridad Social, al no tratarse de un mecanismo de protección social que actúa extramuros del sistema de la Seguridad Social, sino una prestación ínsita en su acción protectora en la medida que supone el ejercicio de una función del Estado. Competencia del Estado en legislación básica y régimen económico en materia de Seguridad Social. Las competencias ejecutivas de las comunidades autónomas sobre el régimen económico de la Seguridad Social no puedan comprometer la unidad del sistema o perturbar su funcionamiento económico uniforme, ni cuestionar la titularidad estatal de todos los recursos de la Seguridad Social o engendrar directa o indirectamente desigualdades entre los ciudadanos en lo que atañe a la satisfacción de sus derechos y al cumplimiento de sus obligaciones de Seguridad Social. La competencia de reconocimiento y gestión de las pensiones no contributivas del estatuto de autonomía de Cataluña (EAC), no puede, en ningún caso, comprometer la unidad del sistema, perturbar su funcionamiento económico uniforme o generar desigualdades en la tramitación de los expedientes relativos a la prestación del IMV. Además, en materia de IMV, no se ha producido ningún traspaso de competencia ejecutiva, quedando supeditada a la suscripción de un previo convenio con el INSS. Inexistencia de parangón entre el ingreso mínimo vital (IMV), prestación no contributiva de la Seguridad Social y renta garantizada de ciudadanía (RGC), la cual es una ayuda de asistencia social autonómica. El Tribunal Constitucional rechaza las impugnaciones que la Generalitat de Cataluña dirige al Real Decreto-ley 20/2020, por cuanto que los preceptos recurridos, que atribuyen la gestión del IMV al Estado, no vulneran las competencias autonómicas de carácter ejecutivo que aquella tiene reconocida constitucional y estatutariamente en materia de Seguridad Social, al suponer el legítimo ejercicio por el Estado de las que le atribuye el artículo 149.1.17ª CE sobre legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social. Voto particular. | | | | NCJ065737 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Auto 81/2021 de 15 de septiembre de 2021 | | SUMARIO:CC.AA. Impuesto sobre los depósitos de clientes en las entidades de crédito de Canarias (IDECC).
Cuestión interna de inconstitucionalidad en relación con el art. 41.9.2 a) de la Ley 4/2012 de Canarias 4/2012, (Medidas fiscales y administrativas), La entidad bancaria interpuso recurso de casación contra la STSJ de Canarias, de 21 de noviembre de 2017, recurso n.º 228/2016 (NFJ070815) que desestimó su recurso con el argumento principal de que la Constitución reconoce a las comunidades autónomas la potestad para crear sus propios impuestos, lo que demuestra que el régimen fiscal de los españoles puede ser diferente, sin por ello vulnerar el principio de igualdad, decidiendo no plantear cuestión de inconstitucionalidad. El Tribunal Supremo inadmitió dicho recurso de casación [Vid., ATS, de 12 de septiembre de 2018, recurso n.º 1883/2018 (NFJ071343)], pues carecía de interés casacional porque el impuesto había quedado suspendido a partir de 2013 y no tenía proyección en el futuro. La demanda de amparo sostiene que las resoluciones administrativas y judiciales impugnadas infringen el derecho a la igualdad ante la ley (art. 14 CE) y a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), pues considera que el art. 41.9.2 a) Ley 4/2012 emplea la residencia como factor de diferenciación entre situaciones objetivamente comparables. Lo cual sitúa a las entidades de crédito no domiciliadas en Canarias en una situación de desventaja competitiva, pues su gravamen es el doble que el de las domiciliadas en dicha comunidad. Para eliminar dicha discriminación, debe declararse inconstitucional y nulo el último inciso del precepto citado («cuando el domicilio social de la entidad de crédito se encuentre en Canarias») [Vid. STC 60/2015, de 18 de marzo, (NFJ057929)]. En cuanto al derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), alega que se ha vulnerado por no entrar el Tribunal Supremo a analizar la infracción del art. 14 CE, con el pretexto de que se trata de una cuestión sin proyección futura. La recurrente señala la reciente STJUE de 25 de febrero de 2021, asunto C-712/19 (NFJ081019), que analizó el IDEC de Andalucía, en concreto la deducción por domicilio social que, como en el caso canario, preveía y resolvió que el art. 63.1 TFUE, debe interpretarse, en el caso de un impuesto sobre los depósitos de clientes en las entidades de crédito cuya sede central u oficinas estén situadas en el territorio de una región de un Estado miembro, en el sentido de que se opone a unas deducciones de la cuota íntegra de dicho impuesto por importes equivalentes a los créditos, préstamos e inversiones destinados a proyectos realizados en esa región, siempre y cuando el objetivo de dichas deducciones sea puramente económico, razonamientos que también son aplicables al análisis de la deducción del IDEC canario. Dado que el impuesto autonómico tiene por objeto gravar la tenencia de depósitos por las entidades de crédito que operan en Canarias, parece que todas las entidades de crédito con oficinas situadas allí se encuentran en una situación comparable, con independencia de donde radique su domicilio social. Por otro lado el domicilio social en Canarias de las entidades de crédito se habría convertido en un factor de diferenciación carente de justificación en un interés constitucional prevalente y protegible. Aunque no se aprecian razones que pudieran justificar una desigualdad de trato entre entidades de crédito sujetas al IDEC, no sería preciso analizar si existe una relación de proporcionalidad entre el medio empleado y la finalidad perseguida. En todo caso, no es ocioso recordar la importante cuantía de la deducción, que asciende a un 50 por 100 de la cuota íntegra del impuesto, por lo que las entidades domiciliadas fuera del territorio canario tributan el doble que las locales. Considera el Tribunal que el inciso «cuando el domicilio social de la entidad de crédito se encuentre en Canarias» del art. 41.9.2 a) de la Ley 4/2012 podría ser contrario al principio de igualdad del art. 14 CE, en conexión con los arts. 139.2 y 157.2 CE y 9 c) LOFCA, preceptos estos últimos que recogen, para el ámbito nacional, el mismo principio que el art. 49 del TFUE [Vid. STC 210/2012, de 14 de noviembre de 2012 (NFJ049262), entre otras] y procede plantear una cuestión interna de inconstitucionalidad en relación con dicho inciso por posible vulneración del art. 14 CE, con suspensión del plazo para dictar sentencia en el presente recurso de amparo. | | | | NCJ065732 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Sentencia 153/2021 de 13 de septiembre de 2021 | | SUMARIO:Igualdad y a la no discriminación por razón de circunstancias personales y por razón de sexo. Procedimiento de tutela de derechos fundamentales. Decisión empresarial de cambio de puesto de trabajo (UCI pediátrica) justificada por la concurrencia de razones objetivas ajenas a todo factor discriminatorio.
Decisión empresarial por la que, tras acordar una reducción de jornada por guarda legal para cuidado de su hijo, se traslada a una diplomada en enfermería de la UCI pediátrica a otros servicios del hospital con la misma categoría/grupo profesional. El artículo 14 CE ha establecido la prohibición de discriminación entre trabajadores por una serie de factores que cita, pero no ha ordenado la existencia de una igualdad de trato en sentido absoluto. Ello no es otra cosa que el resultado de la eficacia del principio de la autonomía de la voluntad que, si bien aparece fuertemente limitado en el Derecho del trabajo, por virtud, entre otros factores, precisamente del principio de igualdad, subsiste en el terreno de la relación laboral. Los derechos asociados a la maternidad y, en particular, los relativos a la conciliación de la vida familiar y laboral, nuestro ordenamiento los otorga indistintamente al hombre y a la mujer. No puede considerarse que se produzca la degradación profesional o el obstáculo a su carrera profesional que denuncia la recurrente por cuanto la medida consistente en asignarla transitoriamente a otros servicios no ha ocasionado un perjuicio a la recurrente, la cual no ha sufrido un retraso profesional, puesto que sigue realizando funciones en la misma categoría y grupo profesional de enfermera; no ha sido apartada de la UCI por el hecho de su maternidad; no pierde la plaza en la UCI pediátrica a la que puede volver cuando preste de nuevo servicios en jornada completa, y sigue accediendo a cursos de formación. Razones objetivas. Alegación por la empresa de que la UCI pediátrica se caracteriza por una continuidad asistencial alta, por razón de los concretos servicios que se prestan y el tipo de pacientes de dicha unidad, siendo un requisito imprescindible de organización para garantizar la debida atención al paciente, y reducir el riesgo de errores, la asignación de un DUE por turno, debido al mix de complejidad de los pacientes atendidos en dicha unidad, evitando así mayor probabilidad de errores o de negligencias en la atención y en la asistencia sanitaria del menor. La medida controvertida responde a una finalidad legítima, que es necesaria y adecuada, estando por tanto debidamente justificada, por lo que no concurren los requisitos necesarios para estimar que se haya producido una discriminación indirecta por razón de sexo. Término de comparación no válido. Alegación por la trabajadora de haber recibido un trato distinto del disfrutado por otra enfermera de la UCI pediátrica con la que se compara, pero no se invoca en relación con el mismo ninguno de los factores de discriminación prohibidos por el artículo 14 CE, ni de los enumerados por la legislación laboral en los artículos 4.2 c) y 17 LET: esto es, el sexo, el estado civil, la edad, el origen racial o étnico, la condición social, la religión o convicciones, las ideas políticas, la orientación sexual, la afiliación o no a un sindicato, o la lengua. No cabe apreciar vulneración del derecho a la igualdad contrario al artículo 14 CE por la supuesta diferencia de trato alegada por la recurrente frente a sus compañeras. | | | | NCJ065730 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Sentencia 152/2021 de 13 de septiembre de 2021 | | SUMARIO:Complemento de pensión de jubilación por maternidad. Aportación demográfica a la Seguridad Social. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (motivación): desconocimiento y preterición de una norma antidiscriminatoria de la Unión Europea que contraviene el principio de primacía del Derecho de la Unión. Vulneración del derecho a la igualdad y no discriminación reconocido en el artículo 14 CE.
Pretensión del recurrente en amparo (padre de tres hijos) de que su pensión de jubilación se viese incrementada por el complemento de maternidad regulado en el entonces vigente artículo 60 del TRLGSS. La aportación demográfica a la Seguridad Social en la que se fundamentaba la concesión del beneficio a favor de la mujer no puede servir de justificación, por sí sola, para no concedérsela a los hombres que se encuentren en una situación comparable, dado que la aportación de aquellos a la demografía es tan necesaria como la de las mujeres. A pesar de que previos pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), interpretando la normativa comunitaria, permitían apreciar la discriminación denunciada por el recurrente y eran conocidos por la Sala sentenciadora al formar parte del objeto del debate, no fueron tomados en consideración. Y ese desconocimiento y preterición de una norma del Derecho de la Unión, tal y como ha sido interpretada por el TJUE, supuso la infracción del principio de primacía del Derecho de la Unión, incurriendo la Sala en una interpretación irrazonable y arbitraria de la norma aplicada al proceso que vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva del recurrente en amparo. Los jueces y tribunales ordinarios de los Estados miembros, al enfrentarse con una norma nacional incompatible con el Derecho de la Unión, tienen la obligación de inaplicar la disposición nacional, ya sea posterior o anterior a la norma de Derecho de la Unión; esta obligación, cuya existencia es inherente al principio de primacía del Derecho de la Unión, recae sobre los jueces y tribunales de los Estados miembros con independencia del rango de la norma nacional, permitiendo así un control desconcentrado, en sede judicial ordinaria, de la conformidad del Derecho interno con el Derecho de la Unión Europea. El Tribunal, considerando que ha sido vulnerado el derecho fundamental del demandante de amparo a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), lo restablece en su derecho y, en consecuencia, declara la nulidad de las sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia, retrotrayendo las actuaciones al momento inmediatamente anterior al pronunciamiento de las resoluciones (sentencias del Juzgado de lo Social y del Tribunal Superior de Justicia) para que el órgano judicial dicte una nueva respetuosa con el derecho fundamental vulnerado. Reconfiguración del complemento. Dicho complemento ha dejado de tener su justificación en la aportación demográfica a la Seguridad Social para estar dirigido a la consecución de la reducción de la brecha de género, pudiendo también ser beneficiarios los hombres que acrediten un perjuicio en su carrera de cotización como consecuencia de la asunción del cuidado de los hijos. | | | | DOCTRINA | | | | NCR010666 INSTRUCCIÓN de 3 de junio de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública , sobre la tramitación del procedimiento de autorización de matrimonio ante notarios. ( BOE de 4 de junio de 2021 ) | |
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