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| LEGISLACION | | | | NSL027269 LEY 10/2021, de 9 de julio | | de trabajo a distancia. (BOE de 10 de julio de 2021) | | | | NCL012797 REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2021/1118, de 26 de marzo | | DE LA COMISIÓN, por el que se completa la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación que especifican la metodología que deben utilizar las autoridades de resolución para estimar el requisito a que se refiere el artículo 104 bis de la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo y los requisitos combinados de colchón para las entidades de resolución a nivel del grupo de resolución consolidado cuando el grupo de resolución no esté sujeto a dichos requisitos en virtud de dicha Directiva. (DOUE L 241, de 8 de julio de 2021) | | | | NSL027256 REAL DECRETO-LEY 14/2021, de 6 de julio | | de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. (BOE de 7 de julio de 2021) | | | | NSL027244 ORDEN ISM/707/2021, de 24 de junio | | por la que se dictan normas para la aplicación de las medidas de Seguridad Social previstas en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, en las zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil como consecuencia de la borrasca «Filomena». (BOE de 3 de julio de 2021) | | | | JURISPRUDENCIA | | | | NSJ062712 TRIBUNAL SUPREMO Sentencia 629/2021 de 15 de junio de 2021 | | SUMARIO:Verificación por el empresario del estado de salud de los trabajadores en situación de IT, ex art. 20.4 del ET, a través de una empresa externa contratada a tal fin, la cual les exige la aportación de bajas e informes médicos. Vulneración del derecho del trabajador a la protección de datos. Inexistencia. Aunque el artículo 20.4 del ET permite al empresario verificar el estado de enfermedad o accidente del trabajador que sea alegado por este para justificar sus faltas de asistencia al trabajo, mediante reconocimiento a cargo de personal médico, sin embargo, la negativa del trabajador a someterse a estos reconocimientos solo produce el efecto de suspender los derechos económicos que pudieran existir a cargo del empresario. Y aunque el artículo 20.4 del ET no lo establezca expresamente, cabe aplicar las cautelas que establece el artículo 22.4 de la LPRL respecto de los reconocimientos médicos en materia de prevención de riesgos laborales y, por tanto, considerar que la verificación del estado de salud se llevará a cabo respetando siempre el derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona del trabajador y, sobre todo, que la información que se recabe esté sujeta a un elevado grado de confidencialidad para evitar que los datos puedan ser usados con fines discriminatorios, reservando su conocimiento al personal médico y a las autoridades sanitarias, por lo que el empresario y los órganos competentes solo serán informados de las conclusiones en relación con la aptitud de los trabajadores. Por tanto, la potestad que ese precepto estatutario atribuye al empleador no es sino una manifestación de las distintas facultades de dirección y control de la actividad laboral que le corresponde como titular de la misma, conforme a las reglas generales del artículo 20 del ET en cuyo ámbito se enmarca, sin que la norma disponga otras limitaciones diferentes a las que de ordinario se desprenden de las exigencias de la buena fe y el respeto a los derechos de los trabajadores, esencialmente en este punto, de todos aquellos relacionados con la salvaguarda de su intimidad y la consideración debida a su dignidad. En este contexto, la solicitud de que el trabajador citado para la verificación del estado de salud aporte los informes médicos y pruebas diagnósticas sobre el proceso de la baja o de bajas anteriores, aparte de que no se efectúa en términos obligatorios sino voluntarios, resulta ser instrumental a la legítima finalidad de verificar el estado de salud del trabajador. En efecto, la aportación de tales documentos y pruebas resulta beneficiosa para ambas partes en la medida que permite aligerar el proceso y evita la inútil repetición de pruebas diagnósticas. Del amplio y no combatido relato de hechos probados se desprende que el tratamiento de los datos del trabajador se efectuará siempre y de manera exclusiva por personal médico. Consta expresamente también una cláusula de protección de datos en la que se informa al trabajador de que se han encargado a una tercera empresa los servicios de verificación de estados de enfermedad o accidente alegados para justificar la ausencia al trabajo, constando expresamente que el trabajador cede voluntariamente tales datos para que la entidad receptora pueda realizar tal labor de verificación y que puede no hacerlo, advirtiéndole expresamente de su derecho de acceso, rectificación, cancelación oposición o limitación respecto de los datos y su tratamiento. Consta, también, el deber de confidencialidad por parte de la empresa contratada. En tales condiciones, se cumplen perfectamente las exigencias legales en materia de protección de tales datos, habida cuenta de que, por un lado se recaba el consentimiento del trabajador, mediante la información de sus derechos y la aportación voluntaria de los documentos solicitados y, por otro, los datos podrían ser necesarios para la ejecución del contrato de trabajo, de conformidad con el artículo 6.1 b) del Reglamento UE 2016/679 del Parlamento europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016. Por otro lado, el hecho de que se advierta al trabajador de que la no aportación de datos podría determinar la imposibilidad de llevar a cabo la verificación de su estado de salud y que, en tal caso, podría suceder que la empresa adoptara las medidas previstas en el artículo 20.4 ET, no puede identificarse con la obtención de datos sin su consentimiento, únicamente poner en conocimiento del trabajador las consecuencias legales que prevé el mencionado precepto. | | | | NSJ062702 AUDIENCIA NACIONAL Sentencia 132/2021 de 4 de junio de 2021 | | SUMARIO:Conflicto colectivo. Sector de Contact Center. Derecho a la compensación de gastos particulares asociados al teletrabajo desempeñado a raíz de la pandemia ocasionada por la Covid-19. Ni las disposiciones transitoria segunda y tercera del Real Decreto-ley 28/2020 de 22 de septiembre, de trabajo a distancia, ni el artículo 5 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, reconocen a las personas trabajadoras del sector el derecho a la compensación de los gastos derivados de la utilización de los equipos, herramientas y medios particulares, incluidos en los mismos el acceso a servidores de internet o instrumentos tecnológicos e informáticos como por ejemplo, ordenadores fijos, o portátiles, tablet, webcam, teléfonos inteligentes, teclados, ratones, cascos, impresoras y similares, o hayan acometido la instalación, reparación y actualización de sus equipos, como también en el caso de que hayan tenido que adquirir material de oficina, como por ejemplo, material fungible, mesas, sillas, lámparas, atriles o reposapiés, y todo ello como elementos necesarios para el desarrollo del trabajo a distancia, a la compensación de los gastos derivados del desarrollo del trabajo a distancia en sus domicilios particulares, y que derivarían de los consumos de los gastos corrientes de electricidad, agua, y calefacción, como por otros gastos, molestias e inconvenientes que ha producido la ocupación del espacio personal y privado, derivados de la prestación de trabajo a distancia, el derecho a la sustitución de los equipos, medios o instrumentos propios por dotaciones titularidad de la empresa, quedando obligada a su instalación, mantenimiento, actualización, reparación, o cambio. Los derechos reconocidos en dichos preceptos solo podrán ser alegados ante la jurisdicción social de acuerdo con lo que dispongan los acuerdos de trabajo a distancia y con los términos establecidos, en su caso, en el acuerdo individual, convenio o acuerdo colectivo de aplicación o, en su caso, podrían plantearse reclamaciones individuales en compensación de los gastos efectuados a consecuencia del trabajo a distancia o teletrabajo, previa justificación de los mismos, pero lo que no cabe es el reconocimiento del derecho a una compensación de gastos genéricos en los términos solicitados. | | | | CONVENIOS COLECTIVOS | | | | NSC030419 RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2021 | | por la que se dispone la inscripción en el Registro y publicación del Convenio Colectivo de Industria Siderometalúrgica de la provincia de Jaén para los años 2020-2022 (código de convenio núm. 23000075011982). ( BOP de 20 de julio de 2021 ) | | | | NSC030411 RESOLUCIÓN de 8 de junio de 2021 | | del Delegado Territorial de Trabajo, Empleo y Políticas Sociales, por la que se dispone el registro, publicación y depósito del III Convenio Colectivo de Intervención Social de la provincia de Guipúzcoa para los años 2019-2022 (código de convenio núm. 20100025012011). ( BOP de 15 de julio de 2021 y corrección de errores de 21 de julio de 2021 ) | | | | NSC030410 RESOLUCIÓN 15/2021 de 9 de julio | | de la Dirección General de Empleo, Diálogo Social y Relaciones Laborales, por la que se registra y publica el acuerdo sobre Tablas Salariales para el año 2021, del Convenio Colectivo de Edificación y Obras Públicas de la Comunidad Autónoma de La Rioja (código de convenio núm. 26000105011981). ( BOR de 14 de julio de 2021 ) | | | | NSC030409 RESOLUCIÓN de 28 de junio de 2021 | | de la Secretaría de Estado de Empleo y Economía Social, por la que se publica el Acuerdo Tripartito en materia de solución de conflictos laborales (código de convenio núm. 99100025092012). ( BOE de 9 de julio de 2021 y corrección de errores de 17 de julio ) | | |
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