Normacef
| LEGISLACION | | | | NSL026231 DECRETO 79/2020, de 16 de septiembre | | de la Comunidad de Madrid, del Consejo de Gobierno, por el que se regula la modalidad de prestación de servicios en régimen de teletrabajo en la Administración de la Comunidad de Madrid. (BOCM de 17 de septiembre de 2020) | | | | NSL026226 DECRETO 89/2020, de 10 de septiembre | | de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, por el que se establecen las normas reguladoras de las ayudas individuales a familias numerosas de categoría especial, a familias con hijas e hijos nacidos de parto múltiple y a familias monoparentales. (BORM de 15 de septiembre de 2020) | | | | NSL026213 DECRETO-LEY 9/2020, de 10 de septiembre | | de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, por el que se adoptan medidas extraordinarias de apoyo a las personas y familias para la atención domiciliaria de menores, personas dependientes o con discapacidad que deban guardar confinamiento domiciliario a causa de la pandemia COVID 19. (BOCL de 11 de septiembre de 2020) | | | | NSL026194 ORDEN 1047/2020, de 5 de septiembre | | de la Comunidad de Madrid, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la Orden 668/2020, de 19 de junio, por la que se establecen medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la prórroga del estado de alarma establecida por el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, como consecuencia de la evolución epidemiológica. (BOCM de 7 de septiembre de 2020) | | | | JURISPRUDENCIA | | | | NSJ061621 AUDIENCIA NACIONAL Sentencia 62/2020 de 30 de julio de 2020 | | SUMARIO:ERTE. Conflicto colectivo.
Impugnación de medidas colectivas de suspensión y reducción temporal de jornada por causas de naturaleza productiva relacionadas con el COVID-19. En cuanto a la petición de nulidad de la medida adoptada por insuficiencia de la documentación aportada en el proceso de negociación, ni toda omisión del contenido de la información contenida en los indicados preceptos reglamentarios implica un incumplimiento de la obligación de información que nos ocupa, ni ésta queda siempre y en todo caso cumplida cuando los documentos allí expresados se entregan, pero se omiten otros que han sido solicitados por los representantes y que se revelan útiles y pertinentes a efectos de poder desarrollar en plenitud las negociaciones inherentes a todo período de consultas. Lo cierto es, que, a lo largo de la negociación, se aportó toda la documentación pertinente, sin que la aportación tardía haya impedido que la negociación pudiera alcanzar sus objetivos, prueba de ello, en que se alcanzó dicho acuerdo en el periodo de consultas, con lo cual, se puede colegir que con la documentación aportada fue posible alcanzar razonablemente los fines perseguidos por el período de consultas. Asimismo, al haber finalizado el periodo de consultas con el citado acuerdo, se presume que concurren las causas justificativas de la medida, y ésta solo puede ser impugnada ante la jurisdicción social por la existencia de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho en su conclusión Esta presunción posee una doble vertiente: la referida a la carga probatoria (onus probandi) y la restrictiva de los motivos de impugnación. Ya no pesa sobre el empleador la obligación de acreditar la realidad de las causas y, además, quien ataque el acuerdo ha de hacerlo solo a partir de los referidos defectos. Consiguientemente, no habiéndose alegado ni probado, fraude, dolo, coacción o abuso de derecho en la conclusión del acuerdo alcanzado, procede declarar justificada la decisión empresarial. Asimismo, siendo cierto que en los despidos colectivos se incluye, entre las medidas de acompañamiento, la inaplicación del convenio aplicable, siempre que se haya alcanzado acuerdo con los sujetos legitimados, lo que no está previsto expresamente para los ERTES, ello no impide que se negociara la suspensión y reducción de jornada al mismo tiempo que un descuelgue del convenio en materia de jornada, pues nada en la legislación vigente impide dicha negociación simultánea, siempre que se cumplan estrictamente los requisitos previstos por el legislador para la sustanciación de cada una de estas medidas. Efectivamente, se han producido varias medidas simultáneas, lo cual no significa forzosamente, que sean incompatibles entre sí, sino que puede darse el caso de que sean necesarias todas ellas porque no baste con la adopción de algunas o, incluso, que si alguna resulta finalmente innecesaria, no sea precisamente la suspensión de los contratos o la reducción de la jornada, sino las medidas de atenuación acordadas con carácter extraordinario y como producto de la negociación colectiva habida en el seno del periodo de consultas en el que las partes acuerdan la creación de un permiso retribuido recuperable que se regirá por lo pactado en el Acuerdo. Por todo ello se declara la compatibilidad entre un ERTE y el descuelgue salarial consecuencia de la inaplicación del convenio colectivo siempre y cuando el acuerdo se hubiera alcanzado entre los sujetos legitimados y se cumplan estrictamente los requisitos previstos por el legislador para la sustanciación de cada una de estas medidas. Aunque la posibilidad de inaplicación del convenio, prevista para los despidos colectivos, no esté expresamente prevista para los ERTES, sí resulta de aplicación a estos, incluso aunque se negociara la suspensión y reducción de jornada al mismo tiempo que un descuelgue del convenio en materia de jornada. | | | | NSJ061623 TRIBUNAL SUPREMO Sentencia 652/2020 de 15 de julio de 2020 | | SUMARIO:Permisos retribuidos. Hospitalización de familiar. Delimitación del término. Necesidad de que exista, al menos, una pernoctación. Hospitalización -que es acción o efecto de hospitalizar- implica el internamiento de un enfermo en una clínica u hospital, esto es, meter a un enfermo en un establecimiento sanitario para que pueda recibir el tratamiento adecuado a su dolencia. Todo ello sugiere que, con independencia de la gravedad del enfermo, las pautas terapéuticas exigen que el enfermo permanezca internado en el establecimiento sanitario como fórmula más adecuada para suministrarle los tratamientos oportunos o hacerle las pruebas diagnósticas, dado que en ese régimen de hospitalización es como mejor se pueden efectuar las pruebas o actuaciones médicas a que debe someterse. No cabe duda, por otra parte, que, en la actualidad, los hospitales pueden prestar y prestan asistencia sanitaria de formas diferentes, de suerte que no todas ellas exigen del ingreso del enfermo en el centro hospitalario. Los hospitales generalmente gestionan las urgencias y en ellas tratan pacientes que allí acuden y que, luego, necesitan o no de ingreso hospitalario. Igualmente atienden las llamadas consultas externas a las que acuden los enfermos que han recibido el alta hospitalaria hasta su total curación o que no han necesitado de ingreso, pero deben seguir recibiendo atención médica. También los hospitales atienden a pacientes con intervenciones programadas que no requieren de ingreso hospitalario. Pues bien, acudiendo a criterios de interpretación sistemática, el término hospitalización implica el internamiento del paciente en el establecimiento sanitario y, en modo alguno, comprende los diferentes tratamientos y atenciones que prestan que no requieren de tal internamiento. Así lo pone de manifiesto la sentencia recurrida cuando indica que la atención sanitaria especializada comprende: la asistencia especializada en consultas, la asistencia sanitaria en hospital de día, médico y quirúrgico y la hospitalización en régimen de internamiento -con pernoctación-. Por ello, resulta lógico concluir que solo esta última asistencia es la que se comprende dentro del término hospitalización. A mayor abundamiento, resulta que tanto la ley como el convenio, han previsto una causa distinta del permiso que nos ocupa consistente en intervención quirúrgica que, sin precisar hospitalización, requiera reposo domiciliario. De esta forma, se deja más claro aún que la hospitalización requiere internamiento del enfermo en el centro sanitario para estar ingresado un determinado tiempo, a diferencia del supuesto de la intervención que no requiere de tal ingreso, sino únicamente reposo en el propio domicilio. Admitir la tesis de la demandante equivaldría a generar un permiso cada vez que un centro hospitalario dispensase una atención médica, lo que no solo sería absurdo sino que iría contra la lógica de lo establecido en el ET y en el convenio de aplicación que, al margen de la hospitalización, únicamente consideran causante del permiso una concreta y específica atención hospitalaria: la intervención quirúrgica que no requiera ingreso hospitalario, pero sí reposo domiciliario. Voto particular. Es un principio general de derecho el de que donde la Ley no distingue nosotros tampoco debemos distinguir y lo cierto es que tanto la Ley como el convenio colectivo aplicable, solo hablan de hospitalización, sin distinguir entre las causas que la motivan, ni condicionar el disfrute de la licencia a la concurrencia de otro requisito. Por ello ha de estimarse improcedente la exigencia de la empresa de que la hospitalización suponga la pernoctación del familiar en cuestión en el centro hospitalario. Asimismo, el diccionario panhispánico del español jurídico define el término hospitalización, como el ingreso de un paciente en un centro sanitario para ocupar una plaza o cama y recibir atención especializada hasta el momento del alta hospitalaria. Ello no comporta la exigencia de pernoctación, que es lo discutido en el caso examinado, pues esta atención especializada puede ser de corta duración, incluso de horas, y la exigencia de pernoctación no resulta ni del concepto, ni de la propia norma aplicable. | | | | DOCTRINA | | | | NFC075999 DGT 19-06-2020 N.º CONSULTA VINCULANTE: V2034/2020 | |
SUMARIO:
IRPF. Ganancias patrimoniales.
Ganancias exentas. Reinversión en rentas vitalicias procedentes de la transmisión de elementos patrimoniales por mayores de 65 años.
Plazo de los seis meses suspendido durante el estado de alarma por la enfermedad del coronavirus COVID-19
. El contribuyente, de 71 años de edad, vendió un inmueble y a fin de aplicar a la ganancia patrimonial obtenida la exención por reinversión en rentas vitalicias, tenía previsto la constitución de una renta vitalicia dentro del plazo de seis meses; plazo que acababa durante la vigencia del estado de alarma declarado por la situación de crisis sanitaria provocada por el COVID-19, por lo que no ha podido constituir la renta vitalicia. En estas circunstancias, se ha de tener en cuenta la entrada en vigor del RD 463/2020 (Declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19), según el cual hasta el 30 de abril de 2020 quedan suspendidos los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos contemplados en la normativa tributaria. Y a su vez, el RD-Ley 15/2020 (Medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo) que amplió el plazo hasta el día 30 de mayo de 2020. Por lo tanto, a efectos del plazo de seis meses previsto para la reinversión en renta vitalicia, se paraliza su cómputo desde el 14 de marzo de 2020, fecha de entrada en vigor del RD 463/2020, hasta el 30 de mayo de 2020. Por otro lado, si el importe destinado a la constitución de una renta vitalicia es inferior al importe de la transmisión, se excluirá de tributación solamente la parte proporcional de la ganancia patrimonial correspondiente a la cantidad reinvertida. La otra parte de la ganancia patrimonial estará sometida a tributación.
| | | | NFC075998 DGT 08-06-2020 N.º CONSULTA VINCULANTE: V1832/2020 | |
SUMARIO:
IRPF. Gestión. Declaración del impuesto. Otras cuestiones.
Tributación conjunta.
Imposibilidad de optar por la tributación conjunta para rectificar unas autoliquidaciones que en su momento fueron realizadas mediante declaraciones individuales.
Al haber incorporado en sus autoliquidaciones del IRPF de los períodos impositivos 2016, 2017 y 2018 unas rentas que posteriormente han devenido exentas, el contribuyente va a instar la rectificación de las mismas. No obstante, una vez ejercitada la opción por la tributación conjunta o individual y finalizado el plazo reglamentario de presentación de la declaración, la opción ejercitada no puede ser modificada con posterioridad respecto del mismo período impositivo. Por tanto, habiendo optado el contribuyente y su cónyuge en su momento por la tributación individual en sus declaraciones del IRPF (2016, 2017 y 2018) y habiendo finalizado los plazos de presentación de las declaraciones correspondientes a esos períodos, aquella opción inicial no puede ser modificada.
| | | | CONVENIOS COLECTIVOS | | | | NSC029897 RESOLUCIÓN de 9 de septiembre de 2020 | | por la que se dispone la inscripción en el Registro y publicación del Convenio Colectivo de Almacenistas, Exportadores, Envasadores, Almacenes de Destino de Aceites Comestibles y Estaciones de Descarga de la provincia de Barcelona para los años 2019-2021 (código de convenio núm. 08002845011994). ( BOP de 17 de septiembre de 2020 ) | | | | NSC029898 RESOLUCIÓN de 7 de septiembre de 2020 | | de la Subdirección Provincial de Trabajo de Zaragoza, por la que se dispone la inscripción en el Registro y la publicación del Convenio Colectivo de Detallistas y Autoservicio de Alimentación de la provincia de Zaragoza para los años 2018-2021 (código de convenio núm. 50001255011982). ( BOP de 16 de septiembre de 2020 ) | | | | NSC029895 RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 2020 | | por la que se dispone la inscripción en el Registro y publicación del Convenio Colectivo de Comercio del Metal de la provincia de Tarragona para los años 2019-2020 (código de convenio núm. 43000105011994). ( BOP de 14 de septiembre de 2020 ) | | | | NSC029891 RESOLUCIÓN de 2 de septiembre de 2020 | | de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica la revisión salarial para el año 2020 del Convenio colectivo estatal de mantenimiento y conservación de instalaciones acuáticas (código de convenio núm. 99011925012000). ( BOE de 10 de septiembre de 2020 ) | | |
|
|
