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| LEGISLACION | | | | NSL026827 LEY 9/2021, de 25 de febrero | | de la Comunidad Autónoma de Galicia, de simplificación administrativa y de apoyo a la reactivación económica de Galicia. (DOG de 26 de febrero de 2021) | | | | NSL026826 LEY 8/2021, de 25 de febrero | | de la Comunidad Autónoma de Galicia, de modificación de la Ley 8/2008, de 10 de julio, de salud de Galicia. (DOG de 26 de febrero de 2021) | | | | NSL026823 LEY 2/2021, de 22 de febrero | | de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2021. (BOCL de 25 de febrero de 2021) | | | | JURISPRUDENCIA | | | | NSJ062139 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA Sentencia de 25 de febrero de 2021 | | SUMARIO:Permiso parental. Normativa nacional que supedita la concesión del derecho a un permiso parental a la ocupación de un puesto de trabajo y a la afiliación obligatoria del trabajador como tal al correspondiente régimen de la seguridad social en la fecha de nacimiento del hijo. Denegación de la concesión del derecho a un permiso parental para ocuparse de sus gemelos debido a que no ocupaba un puesto de trabajo retribuido el día en que estos nacieron. Los Estados miembros pueden supeditar la concesión de un permiso parental a un período de trabajo o a una antigüedad, que no podrá ser superior a un año, y pueden exigir que el referido período sea continuado. Además, en la medida en que una solicitud de permiso parental tiene por objeto obtener por parte de su demandante una suspensión de su relación de trabajo, los Estados miembros pueden exigir que el período de trabajo previo sea inmediatamente anterior al comienzo del permiso parental. Por lo tanto, el Tribunal de Justicia concluye que el Derecho de la Unión no se opone a una normativa nacional que supedita la concesión del derecho a un permiso parental a la ocupación ininterrumpida, por el progenitor en cuestión, de un puesto de trabajo durante un período mínimo de doce meses inmediatamente anterior al comienzo de este permiso parental. Con respecto al requisito de la ocupación por el progenitor de un puesto de trabajo en el momento del nacimiento del hijo o de los hijos o de la acogida del hijo o de los hijos que vayan a ser adoptados el Tribunal de Justicia recuerda que el derecho individual de cada progenitor trabajador a un permiso parental con motivo del nacimiento o de la adopción de un hijo refleja un derecho social de la Unión que reviste una especial importancia y que, por lo demás, se ha recogido en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Por tanto, excluir a los padres que no trabajaban en el momento del nacimiento o de la adopción de su hijo equivaldría a limitar el derecho de estos progenitores a disfrutar de un permiso parental en un momento posterior de su vida en el que ejerzan de nuevo un empleo y en el que lo necesitarían para conciliar sus responsabilidades familiares y profesionales. Por ello, el Tribunal de Justicia concluye que un Estado miembro no puede supeditar el derecho a un permiso parental de un progenitor al requisito de que este trabaje en el momento del nacimiento o de la adopción de su hijo. | | | | NSJ062138 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PAÍS VASCO Sentencia 257/2021 de 9 de febrero de 2021 | | SUMARIO:Derecho a la vida y a la integridad física y moral. Cuestiones prejudiciales. Conflicto Colectivo.
En el contexto de la lucha contra el COVID-19, y de la suspensión de actividad económica y obligatoriedad de otorgar un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena entre el 30 de marzo y el 9 de abril de 2020, ambos inclusive, establecido por el Real Decreto-Ley 10/2020, de 29 de marzo, reapertura de la empresa el 1 de abril, aplicando la «Nota interpretativa para el sector industrial sobre la aplicación del Real Decreto-Ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales». Reclama el sindicato actor que dicha Nota carece de la naturaleza de una disposición administrativa de carácter general, más si no fue objeto de publicación, y, por ello la empresa no tenía deber jurídico alguno de actuar conforme a sus criterios, considerando que el Ministerio de Sanidad era la única autoridad competente para determinadas aclaraciones, pero no el Ministerio de Industria y Comercio. En aplicación de la sentencia del Tribunal Supremo de 22 de enero de 1996, rec. núm. 1490/1995, es factible que la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia se pronuncie sobre la Nota de referencia teniendo en cuenta que LRJS, arbitra la posibilidad de que la jurisdicción social pueda resolver y aunque solo sea con carácter prejudicial, temas relacionados con cuestiones que en principio serían atribuibles a otros órdenes jurisdiccionales; en este caso al contencioso-administrativo. No obstante y en buena lógica, lo que pueda solventarse al respecto no produce efectos fuera del procedimiento en curso. Por tanto, en cuanto a quién es la autoridad competente, en el Real Decreto-Ley 10/2020, no se hace referencia alguna al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, pero sí a hasta cuatro ministerios distintos, uno de ellos el de Sanidad, por lo que no se considera aplicable a este litigio lo establecido en la Nota controvertida emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Consecuentemente, retomando el debate desde la exclusiva perspectiva del RDL 10/2020, hay que tener en cuenta que esta norma está incardinada entre las «…medidas que profundicen en el control de la propagación del virus y evitar que el acúmulo (sic) de pacientes en las Unidades de Cuidados Intensivos lleve a su saturación…». Es decir, hay que preservar la salud en general de las personas y como valor máximo, de modo que lo que habría de efectuarse es una interpretación restrictiva de la norma. Por tanto, si constatamos que la actividad productiva de la empresa (fabricación de árboles de trasmisión para maquinaria del sector agrícola), se dedica de forma muy mayoritaria a las operaciones de exportación -un 89% frente a un 11%, su contribución a la ya amplia interpretación aceptada de lo que es un servicio esencial, quiebra, ya que esta actividad productiva contribuye de manera muy minoritaria a las necesidades alimentarias/agrícolas españolas. Asimismo, teniendo en cuenta los propios actos de la empleadora, cuando entró en vigor el RDL 10/2020, ésta no se planteó las interpretaciones que posteriormente defiende, y los trabajadores empezaron a tener el permiso retribuido desde el primero de esos días, 30 de marzo. Por todo ello, la decisión de la empresa de reanudar la actividad productiva a partir del 2 de abril de 2020 y por ende de suspender el permiso retribuido de los trabajadores, se declara no ajustada a derecho. Indemnización por daños y perjuicios derivados de incumplimientos contractuales. Aceptada que la actuación de la empresa no es congruente con lo establecido en el RDL 10/2020, se asume que dicha conducta fue vulneradora del derecho a la integridad física y moral de los trabajadores, condenando a la empleadora al pago de la indemnización de 50.000 € solicitada, por los daños morales generados y para el conjunto de la plantilla, suma que toma como referencia la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social. Voto particular. Falta de competencia «manifiesta» del Ministerio de Industria. | | | | NSJ062105 TRIBUNAL SUPREMO Sentencia 15/2021 de 13 de enero de 2021 | | SUMARIO:Vacaciones. Calendario fijado por la empresa (tras finalizar el periodo de consultas sin acuerdo con la representación legal de los trabajadores -RLT- ex. art. 41 ET) que no respeta lo previsto en el convenio colectivo sectorial de aplicación, pero que se ajusta, sin embargo, a las peticiones efectuadas a título individual por la gran mayoría de los trabajadores, sin causar perjuicio a quienes voluntariamente hayan querido someterse al calendario fijado en el convenio colectivo. Solo los cambios en las condiciones de trabajo que tengan carácter sustancial quedan sometidos al procedimiento previsto en el artículo 41 del ET. Sin embargo, todas las alteraciones de las condiciones de trabajo previstas por el convenio, sean sustanciales o no, deben quedar sometidas al descuelgue, de manera que la modificación de las condiciones de trabajo establecidas en los convenios colectivos deberá realizarse conforme a lo establecido en el artículo 82.3 del ET, teniendo en cuenta que la decisión de modificación de condiciones de trabajo puede imponerla finalmente la empresa, en defecto de acuerdo con la RLT, mientras que la inaplicación de condiciones de trabajo previstas en el convenio colectivo no puede llevarse a efecto de forma unilateral por el empresario: es necesario el pacto o el laudo sustitutivo. La posibilidad de acogerse al descuelgue no permite en modo alguno la inaplicación unilateral del convenio, debiendo en todo caso agotarse el procedimiento legalmente establecido para alcanzar ese resultado. Así, de no alcanzarse acuerdo con la RLT legitimada, solo el agotamiento de las vías que el texto legal abre -como acudir a la comisión paritaria del convenio, a los procedimientos del art. 83 del ET en su caso, y, finalmente, a la correspondiente Comisión consultiva de convenios- pueden acabar por permitir a la empresa el apartamiento de la cláusula convencional controvertida, descartándose la adopción de medidas de descuelgue de forma unilateral. Y entre las materias que deben considerarse dentro de las previsiones del artículo 82.3 del ET, ninguna duda cabe que ha de incluirse el régimen de disfrute de las vacaciones. En el caso analizado, la empresa pretende dar prevalencia a los acuerdos individuales en masa sobre la negociación colectiva, lo que significaría una infracción del derecho de libertad sindical en su manifestación de derecho a la negociación colectiva, en tanto que supone la promoción de pactos individuales en masa con la finalidad de eludir la insoslayable negociación colectiva que el artículo 82.3 del ET exige como condición indispensable para que la empresa pueda dejar de aplicar cualquiera de las condiciones de trabajo previstas en el convenio colectivo, supuesto en el que ni tan siquiera se concede al empresario la posibilidad de imponer unilateralmente la medida sobre la que no ha conseguido alcanzar un acuerdo con la RLT durante el periodo de consultas. El hecho de que tales acuerdos no hayan estado viciados en su manifestación de voluntad individual no puede en ningún caso ser justificación para negar otro ámbito de actuación como el que ostentan y tiene legalmente reconocida la RLT a la que ahora se le ha privado de actuar en defensa de los intereses colectivos de los trabajadores que representan. | | | | NSJ062098 TRIBUNAL SUPREMO Sentencia 128/2021 3 de febrero de 2021 | | SUMARIO:Deudas por cuotas a la Seguridad Social. Prescripción. Dies a quo.
Determinación de si el término a quo del plazo de prescripción de las obligaciones de cotización para con la Seguridad Social está constituido por la fecha del devengo de las cuotas o por la fecha de liquidación de las mismas. Cuotas objeto de derivación de responsabilidad por el plazo de enero de 2009 a mayo de 2013. Primera reclamación (visita de inspección) en febrero de 2013. Se discute si enero de 2009 puede ser objeto de reclamación o la acción para reclamar su abono ha prescrito. El plazo legal de cuatro años de prescripción de las cuotas de la Seguridad Social se computa desde la fecha en que finalice el plazo de ingreso, y no desde el momento en que se produce el devengo de la deuda. Claramente acertada es la alegación del artículo 1969 del CC, pues no cabe hablar de actio nata cuando aún no ha finalizado el tiempo en que el deudor puede cumplir espontáneamente. De ello se deduce que, dada la actual regulación reglamentaria sobre el período de pago, durante el mes siguiente a aquel en que se produjo el devengo de la cuota no comienza a correr el plazo de prescripción. Por tanto, en el caso, las deudas del mes de enero de 2009 no están prescritas. | | | | CONVENIOS COLECTIVOS | | | | NSC030193 RESOLUCIÓN de 19 de febrero de 2021 | | por la que se dispone la inscripción en el Registro y publicación del Acta de la Comisión Paritaria sobre apertura de domingos para el año 2021 del Convenio Colectivo de Comercio en General de la provincia de Palencia (código de convenio núm. 34000875012004). ( BOP de 24 de febrero de 2021 ) | | | | NSC030192 RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2021 | | por la que se dispone la inscripción en el Registro y publicación del Convenio Colectivo de Industrias Panaderas de la provincia de Jaén para los años 2021-2022 (código de convenio núm. 23000125011982). ( BOP de 24 de febrero de 2021 ) | | | | NSC030188 RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2021 | | de la Dirección General de Trabajo, por la que se ordena la inscripción en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se dispone la publicación del Acta, de fecha 21 de enero de 2021, suscrita por los miembros integrantes de la Comisión Negociadora del «Convenio Colectivo para las Industrias Siderometalúrgicas para Cáceres y su provincia» en la que se establece el nuevo calendario laboral para el año 2021 aplicable en el ámbito de actuación del citado convenio y se deja sin efecto el suscrito en fecha 4 de diciembre de 2020 (código de convenio núm. 10000245011982). ( DOE de 24 de febrero de 2021 ) | | | | NSC030187 RESOLUCIÓN de 13 de febrero de 2021 | | por la que se dispone la inscripción en el Registro y publicación del Acuerdo parcial a fin de revisar el artículo 36 sobre antigüedad del Convenio Colectivo de Limpieza de Edificios y Locales de centros dependientes del servicio valenciano de salud y de la diputación provincial de Alicante (código de convenio núm. 03002335011993). ( BOP de 23 de febrero de 2021 ) | | |
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